Al declararse la pandemia y al instaurarse el aislamiento social como medida obligatoria para la prevención del contagio y propagación de la infección viral por SARS-CoV-2, se ha generado una enorme presión por la rápida adopción de modalidades laborales, educativas y de interacción social con base en la no presencialidad. Todos los países de la región, y del planeta en general, han recurrido, en este escenario, a las redes de telecomunicaciones y a los sistemas de información digital para reemplazar, rápidamente, procesos e interacciones persona-persona en casi todos los escenarios del quehacer humano.
En el contexto de la adopción de tecnologías de información y comunicaciones – TIC – en América del Sur, antes de declararse el estado de pandemia, el país se situaba en posiciones intermedias, de mitad de tabla, respecto de los demás países de la región, en temas de acceso a Internet mediante conexiones de banda ancha, tanto fija como móvil [1], registrando año tras año modestas mejoras en su posición.
Cabe preguntarse entonces, qué efecto ha tenido la pandemia en una de las manifestaciones de desigualdad y falta de inclusión social más ominosas dentro de los factores de desarrollo humano sostenible: la brecha digital.
El Banco Interamericano de Desarrollo – BID – realiza seguimiento, desde hace más de diez años a este tema en la región de América Latina y el Caribe – ALC, mediante el monitoreo del índice de desarrollo de la banda ancha – IDBA. El pasado mes de junio, el equipo técnico a cargo en el BID ha emitido su informe anual [2], el cual hemos revisado con mucho interés en el Grupo de Telecomunicaciones Rurales – Sección Ingeniería de las Telecomunicaciones del Departamento de Ingeniería. Nuestro grupo, desde 1997, trabaja precisamente en la formulación, validación y difusión de propuestas y paquetes tecnológicos para el acortamiento de la brecha digital en el ámbito rural del Perú y Latinoamérica.
El objetivo del IDBA consiste en medir de forma sencilla el estado actual y el desarrollo de la banda ancha en la región, presentando un indicador numérico, útil para el análisis comparativo y de tendencias, principalmente en el tiempo, sobre el efecto e impacto de mejoras en temas TIC. Se calcula para cada país sobre la agregación de treinta variables o parámetros: cinco variables componen el pilar “Políticas Públicas y Visión Estratégica”, seis variables componen el pilar “Regulación Estratégica”, once variables componen el pilar “Infraestructuras” y ocho variables componen el pilar “Aplicaciones y Capacitación”. Para efectos de referencia y contraste, el índice se calcula no solo para países del entorno ALC, sino también para los que integran el clúster de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos – OCDE.
En cuanto a los resultados, una mirada a los valores comparados del 2018 (previo a pandemia) y del 2020 (con datos de plena pandemia) revela, alarmantemente, no solo que el Perú sigue en posición relegada, de mitad de tabla para abajo. Sino que, adicionalmente, hay una caída de tres posiciones en promedio cuando se le compara con sus pares en ALC y siete posiciones cuando se le compara en el contexto OCDE. La tabla es encabezada por Barbados, Chile y Costa Rica, teniendo en los últimos lugares a Honduras, Surinam y Haití.
Esta realidad permite afirmar, desde la óptica de estudio del GTR-PUCP, que la pandemia en el Perú ha ampliado la brecha digital, en el sentido de hacer más notoria y sensible la diferencia de acceso a la red de banda ancha entre los ciudadanos que residen en el ámbito rural, respecto de aquellos que se ubican en el ámbito urbano. Y estamos en posibilidad de señalar al factor que más contribuye, en nuestra opinión, a estos resultados: la efectividad de los esfuerzos por mejorar la penetración y asequibilidad de los servicios de banda ancha fija y móvil. El modelo de mercado regulado que tenemos en el país traslada, a las empresas de telecomunicaciones, tanto el protagonismo, como la iniciativa en este tema; dando prioridad a las dinámicas de mercado. Lo que, claramente, no es suficiente para mejorar las condiciones en el entorno rural. Precisamente por la debilidad de los agentes económicos y de mercado en ese entorno. Es claro entonces que es el Estado el que debe reclamar para sí gran parte de ese protagonismo e iniciativa, si se quiere revertir los efectos acelerados por la pandemia. No solo para recuperar lo perdido en esta etapa, sino también para avanzar en el cierre de la brecha, de cara al futuro.
Referencias
[1] Larrain Vial SAB, “Internet en el Perú,” Datum Int., p. 21, 2016, [Online]. Available: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/publicaciones/presentaciones/exposicion_minas_espa.pdf.
[2] E. Iglesias Rodriguez, L. Cano, and A. García Zaballos, “Informe anual del Índice de Desarrollo de la Banda Ancha en América Latina y el Caribe: IDBA 2014,” Inf. Anu. del Índice Desarro. la Banda Ancha en América Lat. y el Caribe IDBA 2014, 2015, doi: 10.18235/0000191.
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